Personal ministerial adscrito a la Subprocuraduría de delitos de género, desaparición de personas e impacto social, aportó datos de prueba que sirvieron a la autoridad judicial para resolver la situación legal de una persona probable responsable de corrupción de menores. Los hechos investigados ocurrieron en Tulancingo de Bravo el 20 de abril de 2020, cuando un adolescente fue obligado a consumir drogas, hechos de los que la víctima señaló como responsable a Damiana “N”. Derivado de lo anterior, se inició la carpeta de investigación por corrupción de menores, motivo por el que agentes del Ministerio Público se allegaron de datos de prueba contra la probable. Durante la audiencia inicial esta representación social formuló la imputación y con base en ella el juez de control resolvió dictar la vinculación a proceso para la imputada. Además dictó como medidas cautelares la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con la víctima y fijó un plazo de un mes para el cierre del plazo de la investigación complementaria.